• La iniciativa busca sancionar la negativa dolosa de inquilinos a desocupar una vivienda tras el vencimiento del contrato
• El delito se configurará cuando el arrendatario permanezca sin justificación legal más de 45 días en el inmueble
Mexicali, B.C., lunes 2 de junio de 2025.- Con el objetivo de frenar una práctica abusiva que afecta directamente a los arrendadores en Baja California, el diputado Diego Echevarría Ibarra, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 226 Bis al Código Penal del Estado, a fin de crear el delito de Despojo Equiparado y sancionar a quienes, de manera dolosa, se nieguen a entregar la posesión de un inmueble una vez vencido el contrato de arrendamiento.
Al fundamentar su propuesta el legislador panista explicó que, debido a la ignorancia de la ley o incluso con mala fe, algunos arrendatarios asumen erróneamente que el simple transcurso del tiempo les otorga algún derecho de prescripción sobre el inmueble.
“Esta creencia equivocada, sumada a una deficiente cultura de legalidad, lleva a muchas personas a permanecer en la vivienda incluso después de que ha terminado el contrato o aun cuando el arrendador ha solicitado la entrega del bien”, indicó.
Diego Echevarría señaló que, bajo el marco legal actual, los arrendadores enfrentan procesos largos y costosos para recuperar sus propiedades, que incluyen juicios civiles, recursos legales y amparos, mientras los inquilinos se benefician de la lentitud del sistema de justicia.
En este contexto, el nuevo artículo 226 Bis propone que, cuando hayan transcurrido 45 días naturales después de la fecha de vencimiento del contrato y el arrendatario permanezca en el inmueble sin justificación legal, se configure el delito de despojo equiparado, sancionándolo con las mismas penas previstas para el delito de despojo ya contemplado en la legislación vigente.
“Se trata de fortalecer las herramientas legales del arrendador y enviar un mensaje claro de que la ley protege la legítima propiedad y posesión”, subrayó el inicialista.
Finalmente, Echevarría Ibarra reiteró que esta reforma busca mejorar la justicia cotidiana y reducir las pérdidas económicas que enfrentan muchas familias al no poder disponer de sus propiedades de forma oportuna y legal.