• La legislación vigente carece de un catálogo de estas medidas y mecanismos de protección de niñas, niños y adolescentes
Mexicali, B.C., sábado 17 de mayo de 2025.- La diputada Evelyn Sánchez Sánchez, presentó iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, para establecer un catálogo de medidas de protección especial de derechos en atención al principio de interés superior de la niñez.
En la exposición de motivos, la legisladora explica que la legislación vigente carece de una definición precisa y de un catálogo específico de estas medidas, lo cual genera incertidumbre jurídica y contraviene los principios rectores de protección integral, lo que significa una afectación directa a los derechos fundamentales de las y los menores de edad.
En ese sentido, propone que además de establecer el catálogo específico de las medidas de protección, se instituyan mecanismos que protejan a las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) de cualquier acto relacionado con maltrato o violencia por quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad, tutela, custodia o los tenga bajo su cuidado.
Por ello, la diputada Evelyn Sánchez aseguró que es necesario especificar que las medidas de protección son acciones de precaución personalizadas e intransferibles, dictadas por un juez para neutralizar la violencia ejercida hacia la víctima, ya que permiten asegurar su integridad física y psicológica.
Agregó que los avances en la aplicación efectiva de la ley enfrentan desafíos significativos, ya que dentro del informe de evaluación del periodo 2019-2021 se indica que las acciones jurídicas, psicológicas y sociales por parte de las instancias encargadas de proteger y salvaguardar a las NNA en Baja California son deficientes, debido a la falta de protocolos claros, la capacitación insuficiente del personal y los recursos limitados, lo que impide una respuesta adecuada y oportuna ante situaciones de riesgo para este sector de la población.
Refirió que para el estado debe ser prioridad otorgar la protección más amplia de sus derechos, con base en las disposiciones jurídicas nacionales como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los tratados internacionales de los que México forma parte y obligan al Estado a establecer mecanismos de protección efectivos frente a cualquier forma de maltrato, negligencia o abuso, así como garantizar cuidados alternativos.