• Emite posicionamiento relativo a su iniciativa de modificación a un artículo de la Ley de Atención, y Prevención de la Violencia Familiar para el Estado
• Tiene la pretensión de que todas las personas con o sin discapacidad, tengan el derecho de tener una vida libre de violencia
Mexicali, B.C. martes 1 de julio de 2025.- El Diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, indicó que legislar con perspectiva de discapacidad, no es un acto de buena voluntad, sino una responsabilidad constitucional, ética y social.
Lo que requiere reconocer que la inclusión no debe ser opcional, ni parcial, ni secundaria, sino una obligación, que les toca cumplir como representantes populares, añadió el Legislador del Partido Revolucionario Institucional.
Así lo señaló, al emitir un posicionamiento relativo a su iniciativa de modificación a un artículo de la Ley de Atención, y Prevención de la Violencia Familiar para el Estado.
Se dirigió a las diputaciones en la Máxima Tribuna, para decirles que es un paso necesario actualizar nuestro marco legal para que sea verdaderamente incluyente, para construir una sociedad más justa.
“Que ésta reforma sea una muestra de que, desde este Congreso, podemos avanzar hacia una Baja California donde nadie quede atrás, y donde todas las personas —con o sin discapacidad— tengan el derecho a una vida libre de violencia”.
Resaltó que lo más preocupante, es que muchas veces las instituciones encargadas de atender, prevenir y sancionar la violencia familiar no cuentan con la capacitación, las herramientas ni los protocolos necesarios, para identificar y atender adecuadamente a las personas con discapacidad.
Y esto genera una doble victimización: primero por la violencia que viven, y luego por la falta de respuestas adecuadas del Estado, por lo que busca corregir esta omisión con su iniciativa, para que las políticas públicas de prevención de la violencia familiar incluyan de forma explícita, estrategias orientadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Finalmente dijo que también propone que, todo el personal involucrado en la atención de casos de violencia familiar reciba capacitación especializada, accesible y con perspectiva de discapacidad, reconociendo siempre su derecho a recibir una atención digna, integral y libre de discriminación.