• FISAMEX recibió más de 354 millones de pesos por auditorías de escritorio basadas en suposiciones, revela la ASE
• Piden esclarecer pagos millonarios tras detectar irregularidades en su contratación
Mexicali, B.C., lunes 3 de marzo de 2025.- El Congreso de Baja California aprobó un exhorto para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) informe sobre las acciones legales y administrativas emprendidas tras detectar que los organismos operadores del agua en Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada pagaron más de 354 millones de pesos a la empresa ROMAFAM, S.A. de C.V. (FISAMEX) por auditorías sin sustento técnico.
El diputado Diego Echevarría Ibarra al presentar la proposición, señaló que los dictámenes de FISAMEX no contiene una complejidad técnica que justifique los altos pagos, ya que solo consisten en hojas de cálculo con fórmulas matemáticas.
Según el informe de la ASE, la empresa no realizó trabajo de campo para verificar posibles manipulaciones en los sistemas de medición de los usuarios, sino que basó sus estimaciones sin pruebas reales de consumo irregular.
Enfatizó que estas auditorías fueron de escritorio y basadas en meras suposiciones sin fundamentos sólidos, lo que pone en duda la validez de los cobros realizados.
A pesar de la falta de rigor en los dictámenes, los organismos operadores recaudaron más de 1,810 millones de pesos a partir de estas revisiones, de los cuales FISAMEX recibió el 20% como contraprestación, sumando más de 354 millones de pesos.
Además, cuestionó la contratación de la empresa mediante adjudicación directa, sin justificación, cuando el monto del contrato permitía una licitación pública.
“De haberse realizado con personal interno de las comisiones estatales de agua, el costo de estas revisiones habría sido significativamente menor, incluso considerando el pago de horas extras a los empleados”, acusó el legislador.
Ante estas y otras irregularidades, el Congreso exige a la ASE un informe detallado sobre las denuncias, querellas o procedimientos administrativos iniciados con base en la revisión de las cuentas públicas de 2020, 2021 y 2022, así como los resultados del informe específico de auditoría aprobado en noviembre de 2022, con el fin de esclarecer el uso de recursos públicos, deslindar responsabilidades y evitar que este tipo de prácticas se repitan en futuras contrataciones.