• El Pleno aprobó por unanimidad un exhorto de la Diputada Angelica Peñaloza
• En 2023 se registraron más de 170 reportes de robo y vandalismo escolar solo en Mexicali
Mexicali, B.C., jueves 17 de julio de 2025. – Con el objetivo de proteger la infraestructura educativa y salvaguardar el patrimonio escolar durante el periodo vacacional, el Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto presentado por la Diputada Norma Angelica Peñaloza, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Educación del Estado, en coordinación con las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios, implementar medidas de vigilancia en las escuelas de la entidad.
Durante la exposición de motivos, la diputada Peñaloza destacó que tan solo en el último año se registraron 176 reportes de robo y vandalismo en planteles escolares de Mexicali, lo que representa el 84% del total estatal, según datos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Esta situación ha provocado pérdidas superiores a los 600 mil pesos, y afectaciones en más de 440 escuelas en toda Baja California.
“El vandalismo no solo representa un daño económico al erario, sino que afecta directamente el bienestar y el rendimiento académico de nuestras niñas, niños y jóvenes, quienes muchas veces regresan a escuelas sin aire acondicionado, sin mobiliario o incluso sin instalaciones funcionales”, señaló la legisladora morenista.
La iniciativa resalta que, a pesar de la reciente inversión de más de 20 millones de pesos para la adquisición de mil aparatos de refrigeración en más de 300 escuelas, especialmente en Mexicali y San Felipe, gran parte de este esfuerzo se ve frustrado por la falta de seguridad en los planteles durante los periodos vacacionales.
El exhorto aprobado establece como urgente y de obvia resolución que la Secretaría de Educación, encabezada por la Mtra. Irma Martínez Manríquez, implemente de manera coordinada acciones de vigilancia que protejan las escuelas de robos y actos vandálicos durante el receso de verano.
Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales a reconocer que la seguridad en los centros educativos no debe limitarse al horario escolar, sino ser parte de una estrategia permanente de protección del entorno comunitario.