• Exhortan al Poder Judicial del estado para que a la brevedad se incorpore al sistema de datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
• Esta omisión afecta directamente a la niñez, adolescencia y a las madres jefas de familia, ya que impide aplicar sanciones: diputada Michel Sánchez
Mexicali, B.C., sábado 5 de julio de 2025.- El Congreso del Estado exhortó al Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y del Consejo de la Judicatura, para que a la brevedad se incorpore al sistema de datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el fin de garantizar el principio de interés superior de la niñez, así como hacer aplicables las reformas denominadas Ley Sabina en el Estado.
La propuesta fue presentada por la diputada morenista Michel Sánchez Allende, quien al hacer uso de la tribuna subrayó la importancia de hacer efectivo este derecho y recordó que el 8 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creando el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En ese sentido, la diputada Michel Sánchez advirtió que la falta de implementación del Registro Nacional revictimiza a quienes ya enfrentan abandono económico y emocional por parte del progenitor que incumple con su deber, además de dejar sin herramientas efectivas a las autoridades locales para aplicar la ley.
“Esta omisión afecta directamente a la niñez, adolescencia y a las madres jefas de familia, ya que impide aplicar las sanciones previstas tanto a nivel federal como estatal para inhibir el incumplimiento de obligaciones alimentarias”, enfatizó.
En el caso de Baja California, se reformó el Código Civil en el marco de la “Ley Sabina”, la cual fue publicada el 5 de abril de 2024 en el Periódico Oficial del Estado. Cabe destacar que un año antes, también fueron aprobadas dos reformas Constitucionales que prohíben a las personas deudoras alimentarias acceder a ser titulares de los tres Poderes del Estado, los Ayuntamientos y organismos autónomos, así como acceder al servicio público si la persona se encuentra en la misma situación de deudor.
Hasta el momento son 26 los Estado que ya se encuentran proporcionada información al DIF Nacional para el funcionamiento del registro, por lo que indicó que “el cumplimiento de los derechos de la niñez no puede seguir posponiéndose en Baja California por razones administrativas”.