• Se busca sancionar con mayor severidad la simulación de retenes por personas ajenas a instituciones de seguridad pública
• El legislador advirtió que estos actos han derivado en robos, extorsiones y otros delitos
Mexicali, B.C., lunes 16 de junio de 2025.- Ante la creciente denuncia de retenes falsos en carreteras y caminos estatales, principalmente en zonas rurales de Mexicali, Tecate y Ensenada, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa de reforma para sancionar con hasta ocho años de prisión a quienes, sin pertenecer a una institución de seguridad pública, instalen retenes simulados, limiten el paso y aparenten un control oficial.
“Estos puntos falsos de revisión no solo suplantan funciones del Estado, sino que representan un grave riesgo para la ciudadanía, pues han sido utilizados para extorsionar, robar e incluso cometer delitos mayores”, advirtió Diego Echevarría.
La iniciativa busca adicionar el artículo 318 Bis al Código Penal de Baja California, estableciendo una penalidad mayor cuando la usurpación de funciones tenga como modalidad la instalación de estos falsos puntos de revisión.
Echevarría Ibarra explicó que los llamados puntos de control, como los retenes de alcoholímetro o los controles contra el crimen organizado, son herramientas legítimas de inspección reguladas por la ley. Estos deben cumplir con protocolos claros y estar respaldados por personal oficialmente acreditado.
“No podemos permitir que delincuentes suplanten a nuestras instituciones para delinquir. Por eso proponemos una pena más severa cuando se simule un retén sin pertenecer a una corporación autorizada”, subrayó el congresista.
Durante el último año, se han documentado casos en los que falsos agentes, haciéndose pasar por policías o militares, han instalado estos puntos de revisión en varias regiones del estado. En muchos casos, portaban uniformes apócrifos, usaban vehículos similares a los oficiales y cometían delitos como extorsión y robo.
Actualmente, el Código Penal de Baja California castiga la usurpación de funciones públicas con uno a seis años de prisión y multas de cien a trescientos días, según el artículo 318. También establece en su artículo 319 una sanción similar para quienes hagan uso indebido de insignias, uniformes o condecoraciones oficiales.
“Esta iniciativa responde al reclamo ciudadano de vivir sin miedo en sus comunidades. Queremos que cada persona que transite por nuestras carreteras tenga la certeza de que quien los detiene realmente representa la ley, no a la delincuencia”, finalizó el diputado.