Mexicali, B.C., domingo 10 de agosto de 2025.- La diputada Daylín García Ruvalcaba presentó una iniciativa para incorporar la figura de revocación de mandato a la Constitución Política del Estado de Baja California, con el objetivo de permitir que la ciudadanía pueda solicitar la remoción de sus autoridades electas, incluyendo diputaciones, presidencias municipales y la persona titular del Poder Ejecutivo estatal.
“La ciudadanía no sólo debe poder elegir a sus autoridades, sino también retirarlas cuando incumplen su mandato, se apartan del interés público o actúan con opacidad”, señaló Daylín García.
En su propuesta establece un procedimiento claro, seguro y ciudadano, el cual sólo podrá iniciar mediante solicitud popular, reforzando así su carácter horizontal, apartidista y cívico; la autoridad responsable de validar los requisitos, organizar el proceso y garantizar su legalidad será el Instituto Estatal Electoral de Baja California. El resultado será obligatorio si la mayoría vota por la revocación.
También considera que dicho mecanismo podrá promoverse una sola vez por periodo constitucional, únicamente después de transcurrida la mitad del mandato y sin coincidir con procesos electorales ordinarios.
De acuerdo con la promovente, esta reforma responde al principio constitucional de que la soberanía reside en el pueblo, y que el poder debe ejercerse en su beneficio. La figura de revocación de mandato ofrece una vía institucional y pacífica para expresar descontento, fortalecer la legitimidad democrática y renovar el vínculo entre ciudadanía y representantes.
La propuesta se enmarca en las corrientes modernas del constitucionalismo latinoamericano, que promueven formas horizontales de control institucional y reconocen a la ciudadanía como evaluadora activa de sus representantes.
García Ruvalcaba agregó que legislar sobre la revocación de mandato no es legislar sobre el castigo, sino sobre la corresponsabilidad democrática, es construir instituciones que reconozcan la madurez cívica de la sociedad bajacaliforniana y le devuelvan herramientas reales de incidencia pública, es fortalecer el servicio público, no debilitarlo.
“Esta reforma fortalecerá la cultura cívica, promoverá gobiernos más responsables y permitirá que Baja California se mantenga a la vanguardia en mecanismos de participación democrática directa”, expuso la legisladora de MC.
