- La administración estatal, en coordinación con el Gobierno de México, brindan en su totalidad los recursos para beneficiar a personas con discapacidad
Mexicali.- La entrega de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en Baja California forma parte de una política pública que reconoce este proyecto como un derecho constitucional. Este programa, de carácter universal, beneficia a todas las personas con discapacidad, sin distinción de estado, nivel socioeconómico o condición social.
La gobernadora Marina de Pilar Avila Olmeda destacó que esta acción conjunta con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirma el compromiso de su administración con una sociedad más justa e incluyente.
“Este apoyo no es un favor ni una ayuda pasajera. Es un derecho que reconoce la dignidad, la autonomía y el valor de todas las personas con discapacidad en Baja California. Porque detrás de cada persona con algún tipo de discapacidad, hay una historia de esfuerzo, de sacrificio y esta tarjeta es un reconocimiento para todos ustedes”, señaló Avila Olmeda.
Baja California fue el primer estado del país en integrarse a esta estrategia nacional. En esta etapa, se contempla la entrega de 20 mil pensiones, con apoyos de 3,200 pesos bimestrales para las personas con discapacidad de los 0 a 65 años. Para los beneficiarios de entre 30 y 65 años, el gobierno estatal aporta la mitad de los recursos en coordinación con el gobierno federal.
Además de la pensión federal, el gobierno estatal impulsa diversas acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de personas en situación vulnerable, incluyendo adultos mayores, mujeres y jóvenes, con el objetivo de ampliar sus oportunidades y brindarles apoyo integral.
“Ahora todas las personas que enfrentan alguna discapacidad son visibles para nuestros ojos, para nuestro gobierno. En Baja California seguimos escribiendo una nueva historia donde la discapacidad no significa olvido, sino son una prioridad”, expresó la mandataria.
Este programa no solo implica la entrega económica, sino también la integración de las personas beneficiarias a una red de apoyo que les permita acceder a otros servicios sociales, de salud y educación. La coordinación entre el gobierno estatal y el federal garantiza que las personas con discapacidad cuenten con un seguimiento que atienda sus necesidades de manera integral.
Actualmente, el programa opera en 24 estados de la República, gracias a convenios entre gobiernos estatales y el gobierno de México. Estos acuerdos contemplan no solo la distribución del apoyo económico, sino también el acompañamiento, registro y atención directa a las y los beneficiarios.