• La legisladora busca que lesiones y homicidios contra personas con discapacidad sean considerados delitos calificados
• La reforma considera también el uso intencional de vehículos de motor como agravante de premeditación
Mexicali, B.C., miércoles 2 de julio de 2025.- Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y ofrecerles mayor protección frente a delitos graves, la diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Michelle Tejeda, presentó una iniciativa para que las lesiones y el homicidio se consideren delitos calificados cuando se cometan en contra de personas con cualquier tipo y grado de discapacidad.
La congresista señaló que persisten altos índices de discriminación hacia este sector, acompañados frecuentemente de violencia física o psicológica, tanto en el entorno familiar como social. “Lamentablemente, las personas con discapacidad sufren violencia no solo por parte de familiares, sino también de gente cercana a su entorno social y de desconocidos”, apuntó.
Refirió que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan una mayor probabilidad de ser víctimas de violencia física, sexual, psicológica y económica, debido a estigmas asociados tanto al género como a la discapacidad.
Actualmente, el Código Penal del Estado contempla sanciones agravadas cuando ciertos delitos se cometen contra personas con discapacidad —como el feminicidio, la discriminación o el hostigamiento sexual—, pero no así en el caso de lesiones y homicidios, explicó.
En este sentido, Michelle Tejeda propone reformar el artículo 147 del Código Penal para Baja California, con el fin de establecer expresamente que los delitos de lesiones y homicidio se califiquen cuando sean perpetrados con premeditación, ventaja, alevosía, traición u odio en contra de personas con discapacidad.
Además, plantea incorporar como supuesto de premeditación el hecho de que dichos delitos se cometan por medio de atropello, colisión o vuelco intencional con vehículo de motor.
“La presente iniciativa busca reflejar la realidad de un colectivo social altamente vulnerable y garantizar que cualquier conducta antijurídica sea sancionada con el mayor rigor de la ley”, concluyó la diputada, presidenta de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.