Mexicali, B.C., lunes 4 de agosto de 2025.– La diputada Daylín García Ruvalcaba presentó ante el Pleno una iniciativa con el propósito de establecer reglas claras para la instalación, operación y utilización de sistemas de videovigilancia en Baja California, priorizando la protección de derechos fundamentales como la privacidad, pero también incentivando a la ciudadanía a colaborar en la prevención del delito por medio de instalaciones responsables de cámaras que coadyuven a la autoridad.
La legisladora de MC indicó que esta propuesta busca establecer disposiciones que regulen el uso de dispositivos de videograbación, tanto por parte de autoridades como de particulares, en espacios públicos y privados, salvaguardando los derechos humanos, pero siempre sirviendo para prevenir, detectar y perseguir los delitos.
En ese sentido, subrayó la importancia de que las instancias gubernamentales que implementen estos sistemas lo hagan bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, evitando acciones discrecionales o invasivas.
Recalcó que la iniciativa contempla requisitos técnicos mínimos, tiempos de conservación de imágenes, y mecanismos de rendición de cuentas, que contribuyan a una operación transparente y con enfoque garantista.
También se propone regresar a la ciudadanía el incentivo por coadyuvar a la prevención de delitos de manera comunitaria observando a través de cámaras en comercios o lugares de tránsito constante en sus lugares de vivienda, permitiéndolo bajo condiciones específicas que no vulneren el entorno comunitario ni interfieran en el libre desarrollo de la vida privada.
“Este proyecto busca armonizar las leyes estatales con estándares internacionales sobre la protección a la intimidad, conciliando el interés público de la seguridad con el respeto irrestricto a los derechos humanos e incentivando a la participación ciudadana en la prevención y colaboración de la investigación de actos delictivos”, puntualizó la congresista.
Con esta iniciativa, Daylín García reafirma su compromiso por construir un marco legal que coadyuve a la seguridad pública, promoviendo un equilibrio entre tecnología, legalidad y dignidad humana.
