• Se reafirma que México no aceptará intervenciones extranjeras lesivas para su integridad y soberanía
• La reforma establece prisión preventiva oficiosa para delitos de terrorismo y tráfico ilícito de armas
Mexicali, B.C., jueves 13 de marzo de 2025.- El Congreso del Estado aprobó la Minuta con proyecto de decreto remitida por el Congreso de la Unión, mediante la cual se reforma la Constitución Federal con el propósito de fortalecer la soberanía nacional y la seguridad del país, al establecer medidas contundentes contra el terrorismo y el tráfico ilícito de armas, además de reafirmar el principio de no intervención en los asuntos internos de México.
La modificación al artículo 19 otorga facultad a los jueces para ordenar prisión preventiva oficiosa en casos de terrorismo. Asimismo, cualquier persona, ya sea nacional o extranjera, que participe en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación ilícita de armas al territorio nacional será sujeta a esta medida cautelar y a la pena más severa posible.
Por su parte, la adición al artículo 40 reafirma que el pueblo de México no aceptará, en ninguna circunstancia, intervenciones extranjeras que atenten contra su integridad, independencia y soberanía. Esto disposición incluye actos como golpes de Estado, injerencias en procesos electorales o violaciones al territorio nacional, ya sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
Además, se establece la prohibición explícita de cualquier intervención en investigaciones y procesos de persecución penal sin la autorización expresa del Estado Mexicano, garantizando que todas las acciones en este ámbito se realicen bajo la legalidad y el respeto a la soberanía.
La Minuta fue presentada ante el Pleno del Congreso a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, encabezada por el diputado Juan Manuel Molina García, quien llevó a cabo la lectura del documento, promoviendo su debate y posterior aprobación por parte de las y los legisladores.
Al respaldar esta reforma, la XXV Legislatura de Baja California ratifica su compromiso con la defensa de la soberanía y el fortalecimiento del marco jurídico nacional. Esta decisión legislativa responde a la necesidad de garantizar la seguridad de la nación y preservar el respeto a sus instituciones, lo que consolida un Estado capaz de actuar con firmeza ante riesgos internos y externos.